La
información difundida por los medios de comunicación y certificada
por la entidad financiera, que vincula 83 consejeros y directivos de
Caja Madrid/Bankia con la disposición de importantes sumas de dinero
a través de tarjetas de crédito, exentas de la correspondiente
tributación fiscal, viene a confirmar las malas prácticas y el
comportamiento deshonesto de algunas personas en su condición de
integrantes de un órgano de gestión, gobierno o representación de
la citada institución financiera. Y aunque, las situaciones tienen
un patrón de conducta que debe explicarse en cada caso, creemos
obligado detenernos en aquellas que nos afectan directamente como
organización.
Toda
persona llamada a ocupar un puesto de responsabilidad en una
institución financiera que tuvo naturaleza jurídica de empresa
pública o que necesitó de la intervención del Estado para
sobreponerse a una situación de grave crisis estructural, debería
cumplir con las exigencias de austeridad,
honestidad y transparencia
en el uso de los recursos que pone a su disposición la entidad.
Conducta que debe serlo
y parecerlo
si
hablamos de personas que pertenecen a los órganos de gobierno de la
institución en representación de una formación política como
Izquierda Unida. No estamos sugiriendo ningún ejercicio de desfasado
dogmatismo moral; simplemente defendemos la ineludible necesidad de
anteponer
la conducta ética a la siempre aparente legalidad jurídica.
De
lo ya conocido en el uso de las llamadas tarjetas
opacas
de Caja Madrid/Bankia, y a expensas de lo que, con seguridad, se irá
revelando en los próximos días, SomosIU
realiza una primera y rotunda conclusión: por
su naturaleza, esa tarjeta nunca debió ser facilitada por Caja
Madrid/Bankia,
porque ni respondía explícitamente a la categoría de “gastos de
representación” obligada a tributar con el tipo legal establecido,
ni demandaba de sus beneficiarios la justificación de movimientos y
gastos que llevaban a cabo con la tarjeta. Por si fuera poco, algunos
de los movimientos observados difícilmente pueden atribuirse a
gastos de representación; más bien cabe calificarlas como
verdaderos sobresueldos,
a
modo de intolerable prebenda, si tenemos en cuenta que complementaban
los
ya generosos ingresos de sus titulares. Los usos dados a estas
tarjetas, en algunos casos, constituyen una afrenta a la ciudadanía,
y no hace falta decir que las cantidades económicas dedicadas a los
mismos deben ser reintegradas.
Por
tanto, siendo la primera responsabilidad la de quienes al frente de
la entidad financiera decidieron poner en circulación esta tarjeta,
no quedan exentos de merecer nuestra radical desaprobación y
censura, quienes se beneficiaron de la misma y de manera singular,
las personas que representaban a IU.
Que
nadie se equivoque. No nos anima ninguna vocación de participar en
la cruzada contra las políticas públicas o de arremeter
indiscriminadamente contra los partidos políticos; sí, la de
impulsar un radical proceso para depurar responsabilidades y
contribuir a regenerar la vida interna de las formaciones políticas
y la salud de la propia democracia. Alguien
en nombre de nuestra organización ha actuado con impunidad y mala
fe,
atribuyéndose unas competencias que no tenía. En consecuencia,
creemos que las personas cuya conducta aquí censuramos no pueden
formar parte de una fuerza política como IU, de
cuyo proyecto, organización y valores nos sentimos orgullosos.
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